"La medida constituye una afrenta inaceptable a la seguridad del paciente, a la calidad de la prestación sanitaria y al principio más básico de la medicina: la evaluación clínica rigurosa y fundamentada realizada por un médico", destaca el presidente de la OM, Carlos Cortés, citado en un comunicado.

Para la OM, es "irresponsable e irracional" que el médico que prescribe la medicación controlada sea sustituido por el farmacéutico, incluso en una situación de enfermedad considerada aparentemente leve.

"Expresar preocupación es quedarse corto, dada la gravedad que la propuesta puede suponer para la asistencia sanitaria y la salud pública", subraya el presidente.

La OM reaccionaba así a las declaraciones realizadas el martes por la secretaria de Estado de Sanidad, que se mostró abierta a evaluar el tratamiento en farmacias de las infecciones leves y pidió la colaboración de todos para que la dispensación de medicamentos en proximidad se extienda más rápidamente por todo el país.

Ana Povo dijo que la orden está casi completa, con la participación de los colegios profesionales, Infarmed y la Dirección General de Salud(DGS), creando las condiciones para evaluar la posibilidad de tratar situaciones leves en las farmacias, como algunas infecciones urinarias.

El deseo de que estas situaciones sean atendidas por farmacéuticos -con protocolos previamente definidos- fue expresado en varias ocasiones por el presidente de los farmacéuticos.

La OM recuerda que la prescripción de medicamentos es un acto médico, que requiere un diagnóstico preciso, una evaluación clínica rigurosa y un seguimiento continuo del paciente.

"Los médicos están debidamente cualificados y formados para tomar decisiones" y garantizan que "cada prescripción se realiza en base a la evidencia científica y a la mejor práctica clínica y no a criterios que nada tienen que ver con el bienestar exclusivo del paciente", según la OM.

En contra de las prácticas de atención, diagnóstico, prescripción y dispensación de medicamentos que puedan comprometer la seguridad y eficacia de los tratamientos, el organismo reitera que éstas deben ser realizadas por profesionales "con la formación y los conocimientos científicos necesarios para evaluar a los pacientes".

"La propuesta va en contra de los principios de clara separación entre prescripción y dispensación de medicamentos, creando un evidente conflicto de intereses que podría comprometer aspectos éticos fundamentales y la imparcialidad necesaria en el proceso de tratamiento de los pacientes", afirma.

La OM también exige al Ministerio de Sanidad que "no se embarque en el facilismo y populismo que indican las medidas", indicando que cualquier cambio en la ley debe ser tomado con consideración.

"El Ministerio de Sanidad debe centrarse en lo que importa: fortalecer el Servicio Nacional de Salud, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar el acceso oportuno y de calidad a la atención médica con justicia y equidad para toda la población", señala Carlos Cortés.

Considerando que "la seguridad de los pacientes no puede cambiarse por prácticas injustificadas y peligrosas", el OM afirma que se mantendrá "firme en la defensa intransigente de la calidad de la asistencia sanitaria en Portugal" y tomará "todas las medidas necesarias para impugnarla".