El ejecutivo municipal, presidido por Álvaro Araújo (PS), defendió la legalidad del proceso para la construcción de 114 viviendas a costes controlados y garantizó que remitirá toda la documentación al Ministerio Público (MP), afirmando que la denuncia presentada por la oposición socialdemócrata "sólo tiene motivaciones políticas".

"Lo que sustenta esta comunicación que el PSD hace al Ministerio Público son unos hechos que el PSD consideró que son unos hechos extraños", dijo el concejal socialdemócrata, considerando que "hay algunas cuestiones de legalidad que pueden no estar cumpliéndose".

Lusa confrontó al presidente del municipio con la denuncia presentada por el PSD y Álvaro Araújo dijo no tener conocimiento ni haber sido notificado de ningún proceso judicial, pero añadió que había pedido a los servicios municipales que enviasen toda la documentación al diputado, mostrando su disponibilidad para aclarar cualquier duda.

"Lo que tenemos aquí es un proceso que debería alegrarnos a todos, que es el intento de conseguir viviendas a costes controlados para la clase media y los jóvenes de nuestro municipio. Este proceso es transparente y está disponible para ser consultado", aseguró el alcalde.

Entre los factores "extraños" señalados por el PSD está el hecho de que se haya elegido a una empresa creada con un capital social "muy pequeño" (100 euros) para construir "un grupo de viviendas de un tamaño muy grande", y que haya un dictamen de la división de urbanismo señalando el incumplimiento del Plan de Salvaguarda Detallado del Centro Pombalino o que se haya empezado a construir sin licencia.

"Hasta ahora, nos parece que todo es normal, pero luego se vuelve un poco extraño porque el presidente reclama para sí la competencia del proceso, ya no permite que el proceso vaya al departamento jurídico para que emita un dictamen y, para resolver las cuestiones planteadas por la técnica, pide que informe otro técnico, que en aquel momento ni siquiera estaba en la división de urbanismo. Y entonces el presidente empieza a despachar el proceso, apartando al técnico que lo valoró en la primera fase y apartando también al concejal del asunto", argumentó.

El presidente del municipio recordó que la empresa en cuestión (Ferreira) está construyendo viviendas en la misma línea en Faro, Portimão y Loulé, y dijo haber consultado a uno de los técnicos que participan en la elaboración del Plan de Salvaguarda del Centro Pombalino sin que se le señalase ningún incumplimiento, justificando el hecho de haber llamado su atención sobre el proceso con la necesidad de agilizarlo, ya que estaba financiado por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

"Como hay todo un proceso de urgencia en la realización de los trámites porque tenemos que tener todo este proceso finalizado, desde el PRR, para junio de 2026, pensé que sería bueno, en consonancia con el vicepresidente, como no podía ser de otra manera, convocar el proceso", reconoció el alcalde, destacando que se trata de un "proyecto muy importante para el municipio".

El alcalde dijo no entender la "pelea que está haciendo el PSD" y "la instrumentalización de alguna población" cuando lo que está en juego es la vivienda a costes controlados para un alquiler asequible para la clase media y los jóvenes.

"Es un ataque claro que está haciendo el PSD a la Estrategia Local de Vivienda porque saben que va a solucionar los problemas de la gente. Lo que están concluyendo es que 'si esta gente consigue resolver el problema de la vivienda en el municipio, no volveremos a ganar elecciones en Vila Real' [de Santo António]", ha considerado, recordando la "pésima gestión" y "la situación ruinosa" del municipio tras 16 años de mayoría del PSD.