Según una orden de la Secretaria de Estado de Asuntos Fiscales, Cláudia Duarte, firmada el viernes, estos incendios rurales "tienen un impacto significativo en las zonas afectadas, teniendo los ciudadanos y las empresas dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma".

La decisión de ampliar el plazo para que todos los afectados por los grandes incendios rurales ocurridos entre el 15 y el 20 de septiembre en las regiones centro y norte del Portugal continental cumplan con sus obligaciones fiscales se enmarca en la declaración del estado de emergencia por parte del Gobierno, a través de la Resolución del Consejo de Ministros nº 126-A/2024, de 18 de septiembre, que prevé la concesión de medidas excepcionales y de apoyo a las poblaciones, empresas, asociaciones y municipios afectados.

"En este contexto, con el fin de mitigar el impacto de estos incidentes, también es importante conceder una exención de la aplicación de multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias", reza la orden firmada por el Secretario de Estado de Asuntos Fiscales.

El Gobierno determina "la exención de la aplicación de incrementos o sanciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, declarativas y de pago", cuyo plazo finalizaba entre el 15 y el 20 de septiembre, "siempre que dichas obligaciones tributarias se cumplan antes del 30 de septiembre".

Otra medida es que "el pago de la deuda tributaria resultante de las declaraciones periódicas del IVA [Impuesto sobre el Valor Añadido], en los regímenes mensual y trimestral, a presentar en septiembre de 2024, podrá realizarse antes del 30 de septiembre de 2024, sin recargos ni sanciones".

Según el despacho de la secretaria de Estado, Cláudia Duarte, los ciudadanos y empresas de las zonas afectadas por los incendios deben solicitar la exención de recargos y sanciones, que se aplica "a los contribuyentes y censores jurados de cuentas que tengan su residencia o domicilio fiscal en las zonas comprendidas en el ámbito territorial delimitado" en la resolución del Consejo de Ministros por la que se declara el estado de calamidad.

El documento del Gobierno determina que el ámbito territorial a considerar a efectos de medidas excepcionales y de apoyo "se delimita por acuerdo del Consejo de Ministros, en base a la valoración técnica de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil(ANEPC) y del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques(ICNF)".

El estado de calamidad se aplica en casos de grandes catástrofes y es el máximo nivel de intervención previsto en la Ley Marco de Protección Civil, tras la situación de alerta y contingencia.