Según un informe de ECO, cada abogado recibirá esta cantidad por cada caso, incluidos desplazamientos y gastos, para ayudar a los inmigrantes en la concesión de permisos de residencia y renovaciones pendientes de permisos de residencia.

El objetivo es resolver con rapidez las 400.000 solicitudes, en las que abogados y procuradores perciben unos honorarios mínimos de 150 euros y máximos de 1.400 euros al mes en un proceso que es meramente administrativo.

Según el reglamento, las funciones de los abogados en estos casos se centrarán más en la instrucción de los procedimientos administrativos, como instructores de los mismos. Es decir: el análisis de la información justificativa, la promoción de la audiencia previa y la preparación de la propuesta de resolución administrativa.

"El precio indicado incluye todos los costes, cargas y gastos cuya responsabilidad no esté expresamente atribuida a AIMA, incluyendo, en particular, todos los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los recursos humanos, adquisición, transporte, almacenamiento y mantenimiento de los recursos materiales, así como cualquier coste derivado del uso de marcas registradas, patentes o licencias", según el Reglamento de Selección de Abogados, Abogados en Prácticas y Procuradores.

Estos servicios, prestados a distancia, serán prestados por abogados, abogados en prácticas o procuradores, que "formarán parte de grupos y equipos que se constituirán en función del tipo de asuntos" asignados, según se puede leer en el concurso.

"En una situación de urgencia y flagrante vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos inmigrantes, la OA decidió colaborar con AIMA para resolver con celeridad las 400.000 solicitudes pendientes. Se pondrá a disposición de los abogados (que deseen) inscribirse una cuota mínima de 150 y máxima de 1.400 euros al mes", explica Lara de Roque Figueiredo, vicepresidenta del Consejo General del Colegio de Abogados portugués. "Esto no se confunde en absoluto con la SADT, porque si fuera posible recurrir a ella, eso es exactamente lo que harían los ciudadanos. Este procedimiento es meramente administrativo y no es necesario que lo lleve a cabo un abogado. Sin embargo, la OA consideró que ya era hora de ayudar a los miles de ciudadanos que no han recibido respuesta del Estado. En este caso no se trataba de la cuantía (aunque, obviamente, siempre se ha considerado insuficiente), sino de prestar apoyo a quienes lo necesitan", concluye.

En el comunicado, las dos asociaciones destacan "el honor y el privilegio de poder contribuir a la resolución de un problema tan grave, que afecta actualmente a miles de personas en nuestro país, defendiendo los derechos, libertades y garantías" de ciudadanos y empresas.