En un comunicado, el Ejecutivo comunitario afirma que Portugal no ha adaptado plenamente su legislación nacional a la Directiva europea sobre emisiones industriales (Directiva 2010/75/UE) y subraya que "las actividades industriales pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y la salud".

La directiva establece normas que incluyen la prevención o reducción de las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, así como la prevención de la producción de residuos.

Según la Comisión Europea, Portugal no ha adaptado plenamente a la directiva las definiciones de "sustancias peligrosas" e "instalación existente" que figuran en su legislación nacional, señalando también que aún deben definirse claramente las obligaciones de los operadores de instalaciones industriales y de las autoridades competentes de adoptar medidas adecuadas en caso de incidentes o accidentes.

El procedimiento de infracción se inició en 2022 y la Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades portuguesas hasta la fecha han sido insuficientes, por lo que ha decidido interponer un recurso contra Portugal ante el TJUE.

En el ámbito del medio ambiente, también se envió una carta de emplazamiento a Lisboa -que abre un procedimiento de infracción- por no cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE).

La Directiva exige que las aguas residuales urbanas se recojan y traten antes de verterse al medio ambiente, y "hasta la fecha, en 20 aglomeraciones de Portugal, las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas colectores no se tratan adecuadamente antes de verterse. Además, tres aglomeraciones están vertiendo aguas residuales urbanas en zonas sensibles sin el tratamiento más riguroso exigido", destaca Bruselas.