"El llamamiento que hace la Cámara es que antes de que la gente adquiera estas viviendas, o terrenos para construir casas de madera, no lo haga sin informarse con los servicios municipales que están a su disposición para facilitar toda la información necesaria para que la gente no se deje engañar", afirmó Vítor Aleixo.

Para el alcalde, el contacto con los servicios municipales "evitará problemas y gastos innecesarios". Según Vítor Aleixo, ya se han identificado en el municipio 691 viviendas situadas ilegalmente.

El 17 de enero, el Ayuntamiento inició los trámites para demoler 25 casas y hay otras 116 en trámite para seguir el mismo tipo de proceso, con 200.000 euros presupuestados para el año en curso para el seguimiento de estos casos.

Según Vítor Aleixo, el Gobierno municipal avanzará para "tomar posesión administrativa" de las casas, a menos que la gente las abandone voluntariamente y las derribe.

El alcalde calcula que quienes no acaten la decisión tendrán de uno a dos meses para abandonar sus viviendas construidas ilegalmente.

En los últimos años se ha producido un aumento significativo de las construcciones ilegales en el municipio de Loulé, especialmente mediante la instalación de estructuras de madera o modulares en terrenos rústicos.

En la mayoría de los casos, según el Ayuntamiento, estas construcciones están destinadas a viviendas precarias que no cumplen los requisitos legales.

Las construcciones en cuestión se sitúan en muchos casos en zonas sujetas a servidumbres administrativas o restricciones de servicios públicos, tal y como estipula el Plan Director Municipal (PDM) en vigor, concretamente en zonas clasificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) y Reserva Ecológica Nacional (REN).

Según el Ayuntamiento de Loulé, la reciente modificación del Régimen Jurídico de la Urbanización y la Edificación (RJUE), en vigor desde el 8 de enero, establece la aplicación de este régimen a las construcciones modulares.

Éstas se definen como "estructuras que utilizan sistemas de construcción modular, producidas parcial o totalmente en fábrica, y que pueden ser fijas o transportables".

Estas construcciones tienen la consideración de operaciones urbanísticas que requieren el previo dictamen favorable del Ayuntamiento, sin perjuicio de la necesidad de dictámenes de otras entidades, según lo dispuesto en el RJUE o en la legislación específica.

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