El desarrollo del plan de intervención se basa en un protocolo de colaboración técnica y financiera entre la AML y la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente(APA), que fue aprobado por el Consejo Metropolitano de Lisboa, órgano de decisión metropolitano, formado por todos los presidentes de las 18 Cámaras de la AML.

"Los planes de acción deben permitir la determinación, priorización y selección de intervenciones de gran relevancia, alcance y viabilidad operativa en el ámbito de la adaptación a las crecidas e inundaciones", reveló la AML, destacando que las intervenciones tendrán en cuenta una "visión integrada del territorio a nivel intermunicipal".

Entre los objetivos de las intervenciones a desarrollar está el aumento de la protección de las personas y de los bienes, a través de la reducción de los caudales y de la altura de escorrentía de las inundaciones, "utilizando soluciones verdes y más duraderas".

Según el protocolo, también se pretende conseguir mejoras en la prevención, a través de la "ordenación y uso del suelo que aumente la retención e infiltración de caudales y la posible reubicación de edificaciones e infraestructuras", y el desarrollo de la capacidad de recuperación, "con la creación de condiciones para el rápido restablecimiento de la normalidad tras la ocurrencia de eventos extremos".

Los objetivos también incluyen una mayor preparación de los sistemas de protección civil, con la creación de "sistemas de previsión y alerta, planificación de emergencias y sensibilización de la población".

La AML recordó que las inundaciones y riadas observadas en diciembre de 2022 y enero de 2023 afectaron a 10 de los 18 municipios del área metropolitana, a saber, Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sintra y Vila Franca de Xira, registrándose daños "que superaron los 500.000 euros por municipio".