En declaraciones a Lusa, Ana Logrado, médico que trabaja con el HuBB, explicó que la nueva normativa no solucionará el problema de acceso al SNS y excluirá a los más vulnerables de la sociedad, especialmente a los inmigrantes.

"Se identifican una serie de situaciones difíciles para el SNS y, a expensas de estas situaciones, se están tomando medidas que excluyen activamente a determinadas poblaciones, a las que se utiliza como una especie de chivo expiatorio, con la justificación de que, resolviendo cuestiones relacionadas con poblaciones muy concretas, van a solucionar los problemas del SNS", afirmó la doctora.

"Lo que está ocurriendo, con estas órdenes, es que las personas que no tienen un permiso de residencia en vigor quedan automáticamente excluidas de la posibilidad de inscribirse en la atención primaria", destacó el médico.

Para diciembre estaba prevista la publicación del reglamento de la normativa que ahora entra en vigor, pero no ha sido así, lo que "deja margen a que cada técnico que trabaja en una unidad sanitaria interprete a su manera lo que está en las órdenes", porque no han recibido "instrucciones claras".

"En este momento, tenemos personas residentes en Portugal que antes tenían un permiso de residencia válido, pero que ha caducado, y que están a la espera de ser llamadas por AIMA (Agencia de Integración, Migración y Asilo) para regularizar de nuevo su permiso de residencia" y se les impide acceder a los servicios.

En un comunicado, HuBB pide al Gobierno que garantice que "ninguna decisión administrativa suponga una discriminación o una restricción injustificada del derecho a la salud", abogando por salvaguardar el acceso, independientemente del estatus de cada persona y por clarificar las normas, entre otras cuestiones.

HBB también advierte sobre "el respeto a la intimidad de los usuarios, impidiendo que se compartan datos médicos con entidades responsables de decisiones de expulsión y denegación de visados".

Las órdenes que entran en vigor prevén que "los ciudadanos extranjeros puedan ser dados de baja de la lista del médico de familia si no han tenido cita en los últimos cinco años y este riesgo no se aplica a los ciudadanos nacionales", añade Ana Logrado, que considera esta medida una "violación de los derechos constitucionales".

Según el HuBB, "las medidas establecidas por la Orden nº 14830/2024 y la Orden nº 40/2025 introducen barreras administrativas que pueden comprometer el derecho universal a la salud y agravar la exclusión de poblaciones vulnerables".

Por ello, "dado el impacto de estas medidas, exigimos la derogación de las mismas y un compromiso claro con el derecho universal a la salud, independientemente de la nacionalidad o estatus de residencia", añadió el colectivo.