Sandra Lage formó parte del equipo del Centro de Ciencias del Mar (CCMAR) de la UAlg que analizó 25 caracoles de mar, capturados entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, y declaró a la agencia de noticias Lusa que los resultados muestran que el 76% tenía niveles de tetrodotoxina por encima del límite máximo considerado seguro para el consumo humano por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

El caracol de mar se utiliza a menudo para elaborar platos como la feijoada, pero su consumo puede entrañar riesgos para la salud si la neurotoxina no se elimina adecuadamente mediante una evisceración eficaz antes de su ingestión, advirtió la investigadora.

Según Sandra Lage, en el estudio, que fue el trabajo de fin de máster de Maria Pais, primera autora del artículo publicado en la revista "Food Control", se capturaron 25 caracoles de mar durante un año de muestreo y se comprobó que el 76% contenía la toxina en concentraciones no consideradas seguras para el consumo humano.

Se trata de una neurotoxina que "sólo puede causar algunos problemas gastrointestinales" en dosis bajas, pero en concentraciones elevadas, "y si se trata de una persona mayor o de un niño, puede llegar a provocar una parada cardiorrespiratoria o incluso causar la muerte", explicó.

Sandra Lage destacó que, además del trabajo científico, hay razones de salud pública en juego y consideró que es importante alertar a la población sobre la presencia de esta neurotoxina, que "se encontró exclusivamente en la parte visceral, en el intestino, en el estómago, en la vejiga, pero que no estaba presente en la parte muscular".

"Si se manipula correctamente, no supone un riesgo, pero si se manipula de forma incorrecta, puede suponer un riesgo", dijo, señalando que hervir o congelar los caracoles de mar no elimina la toxina y que su consumo sólo es seguro con una eliminación eficaz y adecuada de las vísceras.

Encontrar la causa de la contaminación de los caracoles de mar será ahora el objetivo de un nuevo estudio de este equipo del CCMAR, que ya cuenta con financiación para ello, señaló la investigadora, que estimó que los trabajos podrían comenzar este año.