La Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) ha contratado a un bufete de abogados por 200 mil euros para defenderse en los tribunales. Se trata de requerimientos para la defensa de los derechos, libertades y garantías de los solicitantes de permisos de residencia y respuestas a medidas cautelares, así como otras acciones judiciales derivadas de solicitudes de permisos de residencia para actividades de inversión.
Según el portal de contratación pública Base, el contrato, que se adjudicó a través de un concurso público que sólo estuvo abierto tres días debido a su carácter urgente, fue adjudicado al bufete de abogados lisboeta Eduardo Serra Jorge e Associados, y no hubo más licitadores, informa Público.
La tarea del bufete Eduardo Serra Jorge -que también trabaja con otras instituciones del Estado, como la PSP- es tramitar cuatro mil expedientes judiciales hasta finales de año, a razón de 50 euros cada uno. Aunque el contrato firmado es por un periodo de cinco meses, contiene una cláusula que lo mantiene en vigor "hasta la finalización de todos los casos legales para los que" este bufete ha sido encargado por AIMA.