El proceso de notificación de solicitudes de manifestaciones de interés, un recurso que permitía legalizar a inmigrantes que carecían de visado de trabajo, ya ha "enviado informes a entidades con competencias de inspección e investigación penal relativos a más de un millar de ciudadanos extranjeros empadronados en el mismo domicilio", según AIMA.

"AIMA está realizando una verificación exhaustiva de todos los domicilios declarados en estos procesos e informando continuamente a las autoridades", añadió la misma fuente.

"Dado que un gran número de ciudadanos extranjeros indicaron la misma dirección como lugar de residencia, AIMA tiene el deber de informar de este hecho a las entidades competentes", justificó además la agencia.

En las últimas semanas se ha tenido noticia de numerosos casos de domicilios en los que están empadronadas decenas de personas.

Estos casos se hicieron evidentes luego de que AIMA notificara "a la totalidad de los más de 440 mil ciudadanos que habían registrado manifestaciones de interés y que esperaban una respuesta del Estado desde hace varios años".

"De este total, alrededor de 170 mil ciudadanos extranjeros no abonaron las tasas legalmente exigibles para continuar con su proceso", por lo que AIMA envió, "mediante carta certificada, la notificación de baja correspondiente a cada uno de los procesos en cuestión, tal y como exige la ley".

Así, según AIMA, "sólo ahora es posible realizar este análisis y verificar la identidad de estas personas, así como el lugar donde supuestamente residen".

La comunicación a las autoridades de los casos de ciudadanos extranjeros con el mismo domicilio fue realizada por AIMA siguiendo instrucciones del Gobierno, según explicó a Lusa una fuente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A principios de febrero comenzó el juicio de una presunta red de ayuda a la inmigración ilegal que operaba en la Penha de França, en Lisboa, con una dirección señalada por más de 1.600 personas como su residencia.

Los delitos en juego son ayuda a la inmigración ilegal, falsificación de documentos, asociación con ayuda a la inmigración ilegal y abuso de poder.