Mi último ensayo con este título apareció en The Portugal News el 03-12-2024. Con optimismo, se esperaba entonces que la firmeza de la ley relativa a la legalización tanto de la Eutanasia como del Suicidio Asistido fuera resuelta rápidamente por el Tribunal Constitucional y promulgada treinta días después.

Pero no fue así. Hace un mes, esta modificación del código penal cayó ante el último de los numerosos obstáculos que se interpusieron en su camino tras el voto decisivo del Parlamento de mayo de 2023 a favor de su pronta aplicación.Aunque aceptó tres objeciones relativas a la interpretación de las normas que se impondrán al procedimiento médico, el Tribunal condicionó su fallo afirmando que "la muerte asistida, por principio, es un problema político y corresponde al legislador examinar y revisar la definición de la regulación propuesta para que responda a los valores democráticos y constitucionales".

Así pues, se exige ahora a los juristas legislativos que examinen de nuevo el vocabulario de la muerte para ofrecer una fórmula aceptable a la minoría de ciudadanos disidentes que se han opuesto persistentemente a la aplicación de una medida destinada a aliviar el dolor insoportable que sufren a menudo las personas en sus últimos días.

En una rara referencia a este tema en el actual debate electoral, la sugerencia de que ahora es necesario un referéndum fue respondida positivamente por el PSD y Chega y negativamente por el PS, Pan y CDU. Sólo IL, Livre y BE respondieron con la astuta observación de que "los derechos del individuo no deben decidirse mediante referéndums", a lo que cabría añadir la aparente incapacidad de los líderes políticos para tratar un asunto tan angustioso y personal con la sinceridad que merece.

Los que se oponen al cambio han defendido la alternativa de ampliar las instalaciones de cuidados paliativos, que sirven para aliviar pero prolongar el sufrimiento de los moribundos, y han señalado el anuncio hecho este mes por el gobierno provisional de que ha aprobado noventa contratos de financiación por un total de 88.000.000 de euros, que acabarán añadiendo 3.300 plazas (tanto públicas como privadas) a la Asociación Nacional de Proveedores de Cuidados Integrados.Sin embargo, esto no es más que una gota en el océano de la senectud y sólo sirve para paliar una pequeña parte de la escasez, que cada año se amplía exponencialmente con una población cada vez más envejecida.

La crisis en la disponibilidad de residencias con personal profesional y administrado es ahora mucho más grave que cuando se hizo evidente por primera vez durante la epidemia de Covid-19. Sólo se aliviará mínimamente. Sólo se aliviará mínimamente con la legalidad de la eutanasia y el suicidio asistido, pero una legislación pronta y democrática debe ser el primer paso del nuevo gobierno para dar una solución humana a las necesidades urgentes de los desamparados que viven con la ansiedad constante y el miedo a una muerte angustiosa.

por Roberto Cavaleiro - Tomar 06-05-2025