El desarrollo del programa "debe basarse en la evaluación y actualización del Plan de Acción para la Conservación del Lobo en Portugal", de 2017, que el Gobierno considera que no ha tenido "el éxito esperado".

Según la orden, firmada por la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, "la situación poblacional del Lobo Ibérico en Portugal viene evolucionando desfavorablemente, por lo que es importante revisar y actualizar las estrategias dirigidas a su conservación".

"Los resultados del Censo del Lobo Ibérico 2019/2021, divulgados en diciembre de 2024, muestran una tendencia a la contracción de las áreas de distribución geográfica de la especie, que a principios del siglo XX se extendía de norte a sur del país", añade el despacho.

El censo revela que el área de presencia del lobo en Portugal se ha reducido un 20% y que el número de manadas detectadas ha disminuido un 8%, hasta 58, en dos décadas, principalmente al norte del río Duero.

En Peneda/Gerês hubo un aumento de manadas, de 16 a 24, observándose una disminución en los tres núcleos restantes, principalmente en Alvão/Padrela, donde el número estimado de manadas sufrió una reducción de más del 50% (de 13 a seis).

"La mortalidad por causas humanas" (pisoteo, lazos, disparos, envenenamientos) y los ataques al ganado, que provoca una menor tolerancia a su presencia, la baja disponibilidad de presas salvajes o la instalación de infraestructuras de comunicación y producción de energía son algunos de los principales factores que perjudican la conservación del lobo.

Según el Gobierno, también es necesario actualizar la legislación desde agosto de 2016 sobre el régimen jurídico de la conservación de la especie, para "mantener en vigor los mecanismos de compensación a los ganaderos en caso de ataque al ganado, con el fin de compensar los daños causados y garantizar el apoyo a los esfuerzos de conservación minimizando el riesgo de conflicto entre las actividades económicas y los objetivos de conservación."

La propuesta del Programa Alcateia 2025-2035 se someterá a consulta pública durante 30 días y podrá incluir las aportaciones recibidas. La aprobación será por Acuerdo del Consejo de Ministros y el programa "incluirá una previsión de financiación plurianual con vistas a su efectiva ejecución", dice el despacho.