En declaraciones a los periodistas tras una comparecencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, el presidente de AIMA, Pedro Portugal Gaspar, explicó que el proceso anunciado la semana pasada por el Gobierno ya ha comenzado, utilizando los recursos de la estructura de la misión que está llevando a cabo la regularización de los procesos pendientes.

"La situación actual es que esta situación de permiso de residencia CPLP comenzó precisamente hoy (...)", dijo, refiriéndose a un "universo de 212 mil" ciudadanos lusófonos que verán "sustituida la anterior hoja de papel por una tarjeta" de residentes en Portugal, similar a las de otros inmigrantes, que incluye la recogida de datos biométricos y la verificación de documentos.

El anuncio lo hizo la semana pasada el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

"Se acaba de publicar la ordenanza, firmada por los ministros de Presidencia, Justicia y Administración Interna, que permite resolver una situación precaria con los permisos de residencia de 220 mil ciudadanos extranjeros", dijo, refiriéndose a los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

En virtud de una ordenanza de 2023, estos ciudadanos obtenían un permiso de residencia administrativo, un documento expedido en una hoja de papel A4 que no les permitía viajar por el espacio Schengen.

Leitão Amaro dijo que estos ciudadanos de la CPLP comenzarán a ser llamados a partir de la próxima semana para la recogida de datos biométricos y la verificación de los documentos necesarios para la sustitución y renovación de los permisos de residencia expedidos.

Entre los documentos necesarios se encuentra, según la orden publicada en el Boletín Oficial, los antecedentes penales del país de origen en el momento de la renovación y sustitución de los permisos de residencia que resultaron de las conversiones de manifestaciones de interés.

"Siempre que se haya expedido una autorización de residencia basada en este modelo, ahora revocado, sin que se hayan verificado los antecedentes penales del país de origen de su titular, siendo éste un requisito para la obtención de cualquier autorización de residencia, es necesario asegurar su cumplimiento", dice el despacho.

El funcionario subrayó que este diploma pone fin a este precario título de papel, sustituyéndolo por "una tarjeta de residencia cuya concesión implica la recogida de datos biométricos y la verificación de los documentos necesarios".

"Conseguimos dar dignidad y eliminar esta discriminación negativa. Dimos más seguridad al país y al proceso, porque recogimos datos biométricos y verificamos la documentación", destacó.

La sentencia también afirma que "este modelo, ahora abandonado, llevó al Estado portugués a los tribunales por presunto incumplimiento de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, que establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, con determinadas especificaciones que garantizan y normalizan la seguridad y la calidad de los permisos de residencia en la Unión Europea".

A este respecto, Leitão Amaro afirmó que con este cambio se ha resuelto "el proceso de infracción europea por incumplimiento de la legislación europea" por el que atravesaba Portugal.

En este sentido, la tarjeta de residencia utiliza el modelo uniforme expedido de acuerdo con las normas vigentes en la Unión Europea.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental son los países que forman parte de la CPLP.