Según el informe de la comisión de recursos, una "parte importante" está relacionada con supuestos fallos en el CTT, un problema que se arrastra desde hace varios años, pero que parece no tener solución a la vista por ahora, según un informe de ECO.

Aunque el año 2023 era sinónimo de la "plena vuelta a la normalidad" post pandemia, la inflación, los tipos de interés, la desaceleración económica y la incertidumbre internacional hicieron que el desempleo aumentara en Portugal. Así, el IEFP cerró el año con 317.659 personas inscritas, un 9% más que el año anterior.

Acompañando a este aumento, el número medio de personas que reciben prestaciones por desempleo también creció, aunque de forma más discreta, pasando de 151.521 en 2022 a 151.995 en 2023. Se trata de un aumento del 0,3% de los beneficiarios de prestaciones.

Por el contrario, en 2023 fueron menos las personas que vieron anulada su prestación por desempleo por incumplimiento de los deberes establecidos en la ley -a saber, la obligación de aceptar un empleo adecuado, acudir a las convocatorias y realizar formación profesional-.

En total, el año pasado, el IEFP recortó la prestación por desempleo a 5.403 personas, lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2022, año en el que el número de anulaciones alcanzó su máximo de los últimos diez años.

De estas 5.403 personas, una parte muy significativa (2.564) estaban inscritas en los servicios de Lisboa y Vale do Tejo, la región que registró el mayor número de anulaciones. El Alentejo destacó como la zona del país con menos anulaciones de prestaciones por desempleo (262).

En cuanto a los motivos de anulación (la ley prevé nueve posibilidades), la falta de llamada a los servicios de empleo fue la razón más frecuente. Casi cuatro mil personas vieron su prestación de desempleo recortada por este motivo.

Otros motivos frecuentes de anulación de las prestaciones fueron la falta de control del deber de búsqueda activa de empleo (11%, 506 casos), la no comparecencia ante las entidades de remisión (9%, 502 casos), el rechazo de un empleo adecuado (3%, 173 casos) y el abandono injustificado de la formación profesional (2%, 115 casos).