El retorno se centralizará en la futura Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras (UNEF), del PSP, que deberá "garantizar el funcionamiento del sistema en régimen de disponibilidad permanente", según el documento de trabajo que sustentó las propuestas presentadas hoy por el Gobierno al Consejo Nacional de Migración y Asilo (CNMA).

La iniciativa legislativa para esta unidad fue derrotada en el Parlamento en septiembre, con la abstención de IL y los votos en contra de otros países de la oposición.

"Esta propuesta fue rechazada por los votos del Partido Socialista y Chega, que unieron sus fuerzas para bloquear la acción del Gobierno en este importante cambio de la política migratoria del país", señala la propuesta del Ejecutivo. Para garantizar la cooperación con los países de origen, se prevé firmar "acuerdos bilaterales" y "ampliar la definición de país de retorno -para permitir la devolución a un tercer país con el que exista un acuerdo-" de este tipo, con "respeto a los derechos fundamentales de las personas implicadas, excluyendo a los menores no acompañados y a las familias con menores". El anterior Gobierno cerró el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) y creó la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), siendo esta última la encargada de "instruir y resolver los procesos de retorno de ciudadanos en situación irregular, tarea claramente operativa y policial", dice la propuesta del Gobierno presentada hoy a la CNMA, que plantea un "sistema rápido, eficaz y equilibrado para el retorno de inmigrantes irregulares".

El documento dice que, cuando este Gobierno tomó posesión, "la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular tenía los índices más bajos entre los Estados miembros" y "Portugal sólo ejecutaba alrededor del 5% de las decisiones de retorno", que también eran pocas.

Además, la tutela recuerda que la legislación portuguesa prevé "posibilidades de retraso y obstrucción de la eficacia de las decisiones de retorno, en las esferas administrativa y judicial, abundantemente utilizadas en claro abuso de derecho".

"Ante esta situación heredada, el Gobierno entendió que era necesario reforzar la regulación de la inmigración, controlar más rigurosamente la entrada en las fronteras y llevar a cabo la expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer en el país."

En marzo, la Comisión Europea estableció "un sistema común para el retorno de nacionales de terceros países" y el Gobierno portugués considera que "también es esencial reanudar el debate nacional sobre el tema".

"Sin comprometer la garantía del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuestión, el objetivo es promover una reducción de la burocracia en el proceso y reforzar los medios legales para la aplicación efectiva del retorno de aquellos que no tienen derecho a permanecer en Portugal", explica el Ejecutivo.

Prioridad

La prioridad será el retorno voluntario, que contará con incentivos económicos y una "perspectiva de reintegración en el lugar de destino o de formación profesional", además de un "sistema de control de las salidas voluntarias", con un plazo indicativo de 30 días para la salida tras la "verificación de la irregularidad de la situación".

El retorno forzoso se aplicará cuando haya falta de cooperación, los afectados hayan huido a otro Estado miembro o supongan un riesgo para la seguridad, reza el documento.

Según el Gobierno, "el retorno coercitivo debe respetar los derechos fundamentales", con "garantías procesales", protección de menores, prohibición de expulsiones colectivas, asistencia letrada y derecho de audiencia previa.

En caso necesario, se podrá detener a quien se encuentre en situación irregular, si se comprueba que no tiene "residencia, domicilio fijo o dirección fiable", una falta explícita de colaboración o riesgo de fuga, entre otras cuestiones.

Alternativas

El documento contempla "medidas alternativas a la detención", que incluyen, entre otras, presentaciones periódicas, libertad bajo fianza, estancia obligatoria en un área geográfica delimitada o régimen abierto en el Centro de Internamiento Temporal (CIT), con la posibilidad de pasar parte del tiempo en libertad.

También se ampliarán los plazos máximos de internamiento para "completar los procedimientos y la posibilidad de que, a pesar de todos los esfuerzos razonables, el retorno de los nacionales de terceros países se demore más debido a retrasos en la obtención de la documentación necesaria o a la falta de cooperación del nacional del tercer país de que se trate" y, para reducir los plazos, se eliminará la notificación inicial de abandono voluntario.

La propuesta también prevé que la decisión de retorno se dicte al mismo tiempo que se deniega la solicitud de asilo y el Gobierno se compromete a cumplir los plazos de recurso.